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Carta abierta a la Comisión de Protección de Periodistas

Con respecto al artículo publicado el 1 de septiembre de 2011 en su página web, titulado “Ecuador bajo Correa: confrontación y represión”, en base a un informe de Carlos Lauría, no sorprende que el Comité de Protección de Periodistas llegue a tan absurdas conclusiones, si sus fuentes son Fundamedios, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos y Janeth Hinostroza. Sus recomendaciones parecen, además, escritas por funestos personajes de la política o por políticos que fungen de periodistas.

Como han recibido información tan parcializada, precisaré varios puntos de su informe:

1. Las cadenas nacionales tienen una finalidad informativa, revisten total legalidad y legitimidad, según lo establece la Ley de Radiodifusión y Televisión del Ecuador; criticar su uso no tiene asidero.

2. El Estado, además, tiene la OBLIGACIÓN de garantizar a todas las personas el derecho a recibir e intercambiar información veraz, verificada, oportuna, contextualizada y plural acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, de acuerdo a lo ordenado por el artículo 18 numeral 1 de la Constitución de la República. Por lo tanto, ante la campaña de desinformación de algunos medios privados, cumplimos con la responsabilidad de informar a la ciudadanía la verdad de varios hechos coyunturales. Si pecásemos del mismo vicio de ciertos medios, es decir, desinformar o calumniar, dichos medios hubiesen estado en libertad de exigir reparaciones, lo cual no han hecho.

3. El Primer Mandatario entabló acciones penales en contra del Diario El Universo, Carlos Pérez Barriga, César Pérez Barriga, Nicolás Pérez Lapentti y Emilio Palacio por el delito de injuria calumniosa, no por difamación, como el Comité de Protección de Periodistas afirma. Este proceso se abrió porque el pasado 6 de febrero, Palacio publicó un artículo de opinión titulado ‘No a las mentiras’, en el cual, sin ninguna prueba, se hace la siguiente aseveración: “El Dictador debería recordar, por último, y esto es muy importante, que con el indulto, en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. Ésta no es una opinión, es una calumnia, desde el costado que se la mire.

4. Intentar decir que los casos de periodistas denunciados por autoridades locales y otros ciudadanos, se degeneran por un contagio del proceso que entabló el Primer Mandatario, es un absurdo. Cada quien actúa de forma individual; además, el Gobierno nunca ha incidido en proceso alguno, por fuera del proceso contra El Universo, una falta comprobada y ratificada en primera instancia, por la Ley. Lo que sí puede haber sucedido es que se generó un “cambio de referencia” que ha recuperado para la ciudadanía el Estado de Derecho y la llama a exigir reparaciones.

5. La CPJ revive un tema que se aclaró en su momento: el caso de Irma Parra, en Riobamba. El 14 de abril, los medios de comunicación difundieron una noticia en la que el Presidente Rafael Correa supuestamente ordenó la detención de la ciudadana Irma Parra por manifestar su rechazo a la Consulta Popular que se llevaría a cabo. Ninguno de estos medios contrastó la información, pese a que había elementos suficientes para verificar la versión de Parra.

6. El Gobierno ecuatoriano no silencia ni evita la crítica emitida en el contexto del respeto y el legítimo debate de ideas. Es más, la promueve. Su política de Comunicación impulsa la inclusión, la democratización y el libre acceso a la información. El Gobierno siempre ha tratado los criterios ciudadanos con un marco del respeto. Su gestión se ha orientado a la amplia participación de la ciudadanía a fin de que se integre a la toma de decisiones y a la vida política del país.

7. Participar y expresar opiniones, no significa agredir o expresar con violencia las ideas, como se comprobó que hizo la señora Irma Parra, a quien mencionan en su informe, sin ninguna investigación exhaustiva de los hechos.

8. Ya que en dicho informe la CPJ también hace un barrido de hechos en los que, supuestamente, se demuestra un acoso del Gobierno contra los medios, desempolvó la suspensión de Teleamazonas a cargo de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Pero como no recogieron la información correctamente, es necesario recalcar que el Presidente de la República, Rafael Correa no ordenó en momento alguno que se cierre Teleamazonas. La resolución sobre la suspensión de dicho canal fue emitida por un organismo autónomo y en base al Derecho, por haber difundido noticias falsas sobre la existencia de un centro de cómputo clandestino durante las elecciones, y luego sobre la suspensión de la pesca en la Isla Puná. El debate no se centra en si se clausuró o no Teleamazonas, sino si se cumplió o no la Ley y si el canal cometió o no una infracción, hecho que fue ratificado por la Superintendencia de Telecomunicaciones.

9. En el informe, el Comité de Protección de Periodistas hace aseveraciones sobre el “uso de leyes de difamación para silenciar a los críticos, campañas de desprestigio para desacreditarlos y medidas aprobadas en la Consulta Popular”. ¿Qué leyes de difamación? Sería responsable y profesional que el CPJ responda con precisión a qué leyes se refiere, ya que en el Ecuador no existen tales leyes.

10. Por basarse en opiniones de políticos devenidos en periodistas, que pretenden ejercer periodismo de opinión, el informe carece de argumentos sólidos y cae en un discurso repetitivo que ya ha sido desvirtuado con argumentos concretos.

11. En todo el informe hay dos citas de mis declaraciones como Secretario Nacional de Comunicación, frente a decenas de críticas en contra nuestra. Se supone que como defensores de los periodistas, deberían también abogar por un periodismo responsable, equilibrado y que no milite en la oposición irracional, como han demostrado diariamente varios medios de comunicación parcializados.

12. Se menciona que se ha entablado juicios contra periodistas independientes. Nada más falso que eso. No se siguió el juicio a Emilio Palacio y a los directivos de El Universo por opinar, sino por calumniar injuriosamente a un ciudadano. Pese a que se autocalifican como independientes, el tratamiento informativo denota una parcialización en contra del Gobierno del Ecuador.

13. La rectificación que planteó el Diario El Universo sobre el artículo publicado el 6 de febrero del 2011, por el cual el Presidente Rafael Correa inició una querella por injurias calumniosas contra El Universo, su ex editor de opinión, Emilio Palacio y sus directivos, la familia Pérez, contraviene el concepto de lo que es una verdadera rectificación. Antes del juicio, el Mandatario solicitó por innumerables ocasiones que dicho medio de comunicación rectifique, pero no lo hizo y por el contrario, ofreció un espacio equivalente a decir: “Señor Presidente, usted mismo escriba su propia rectificación, nosotros no podemos rectificar lo que no hemos escrito”. Es decir, ofrecieron un espacio para réplica, nunca para una rectificación que naciera de la voluntad de reconocer que se mintió, se calumnió y se difamó.

Atentamente,

 

Fernando Alvarado Espinel

4 Comments

  1. Libertad de expresión no es lo mismo que patente de corso. La difamación, la mentira, el engaño a un pueblo con el objetivo de desestabilizar un sistema político para implantar otro sistema que represente a los intereses de unos pocos no es “libre opinión” o “libre expresión”, es sencillamente, mentir, con el agravante de que no se miente a uno ni a dos, se miente a un pueblo.
    Estos no son héroes, son malintencionados representantes del dinero que se esconden bajo el manto de libertades que no les pertenecen.

  2. Jorge Norero

    Cual es la verdad? Quien tiene la razón? Podría existir un alto, una tregua para plantear con racionalidad y paz temas polémicos y de gran connotación? El Gobierno tiene en sus manos remontar las coyunturas y nosotros los comunicadores el deber de cumplir la Ley y nuestros principios y valores éticos. Los Medios de Comunicacion son instrumentos para informar, comentar, orientar. Jamas para alienar, inducir o manipular. Un gobierno jamas deberia hacer uso del Poder para condicionar, someter o callar a los periodistas y/o comunicadores. Por eso la Ley somete a todos por igual bajo su imperio, y nadie esta por encima de ella.

  3. Enrique Maridueña Garaicoa

    Estimado Fernando, como ciudadano no militante en la actividad polìtica, pero si preocupado por lo que, como profesor de derecho, veo lo que está sucediendo en nuestros juzgados y cortes de justicia, concretamente con el caso Correa vs. Palacio, directivos de El Universo y el propio diario. Consigno que estoy de acuerdo con los conceptos que viertes en tu misiva, pues, nadie discute el derecho subjetivo del ciudadano Rafael Correa Delgado a querellarse contra quien considere que lo ha injuriado. Lo nefasto es la sentencia del Juez Paredes que viola todos los principios del derecho penal que desde los tiempos de Beccaria y posteriormente delmaestro Fracesco Carrara, se establecieron, según los cuales no pueden ser sujetos activos de delito -y menos aún de injurias-, las personas jurídicas precisamente porque no tienen “libre albedrío”. Correa, el presidente, puede alegar en su querella, lo que a bien tenga, pero otra cosa es que el Juez acepte su imputación y peor aún que los medios oficiales de comunicación que tú diriges recojan dicho argumento o imputación como una polìtica de Estado, porque entonces, ya no podemos hablar de un “estado de derechos y de justicia” sino de un estado totalitario. Atento saludo.

  4. Alberto Larco

    Con el voto de confianza que hemos dado, repetidamente, la vasta mayoría de ciudadanos ecuatorianos al régimen del Presidente Correa, lo que le estamos diciendo -aún más, ordenando como mandantes- es, entre otras cosas:

    1. Sí señor, por la confianza y credibilidad que usted nos transmite, le conferimos y ratificamos la autoridad para que saque adelante a nuestro país, utilizando los medios e instrumentos que considere pertinentes;

    2. Sí señor, le autorizamos para que diseñe y ejecute cuanta medida y acción considere necesaria para convertir a nuestra nación en un verdadero Estado de Decrecho, liberándonos en primerísima instancia de la mediocridad y la alevosía de unos pocos ciudadanos que, agazapados en empresas de comunicacion y escudados tras el concepto de la libertad de expresión, han hecho y deshecho en función de sus intereses y el de sus acólitos, y en desmedro del bienestar de la gran mayoria.

    3. En consecuencia de lo anterior, le autorizamos e instruimos a que de manera prioritaria implemente cuanto medio considere adecuado para que la población acceda a información veraz y necesaria;

    4. Los enlaces sabatinos han demostrado la importancia de la comunicación directa con los ciudadanos y se han convertido no sólo en mecanismo permanente de fiscalización de la gestión del Presidente y su equipo de gobierno sino también en fuente de inspiración y levantamiento de la autoestima de un pueblo que perdía la esperanza de días mejores. Por tanto le ORDENAMOS que continúe con su esquema de rendición de cuentas a los ciudadanos tanto los sábados como en los días y horarios que sean necesarios.

    5. Sí señor, le conferimos la autoridad para que diseñe e implemente cuanto instrumento estime necesario -incluidos Decretos de Emergencia- para enderezar el maltrecho sistema de justicia de nuestra nación.

    6. Por último -para no ahondar ni abundar en más autorizaciones- le señalamos señor Presidente que, si fuera el caso y nos consultara, aprobaríamos tajantemente conferirle poderes absolutos para que de una vez por todas, sin tapujos, pueda acabar de golpe y sopetón con tanto sinverguenza que hay en nuestro país, que al ver afectados sus intereses se opone a cualquier atisbo de cambiar las condiciones de vida de nosotros, el pueblo del Ecuador.

    Este es el mensaje que la SIP, AEDEP y varios otros grupillos deberían deberían deglutir y asimilar para que dejen de venir a decirnos a los ecuatorianos lo que es o no es conveniente a nuestros intereses.

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