Carta abierta a la Comisión de Protección de Periodistas

Con respecto al artículo publicado el 1 de septiembre de 2011 en su página web, titulado “Ecuador bajo Correa: confrontación y represión”, en base a un informe de Carlos Lauría, no sorprende que el Comité de Protección de Periodistas llegue a tan absurdas conclusiones, si sus fuentes son Fundamedios, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos y Janeth Hinostroza. Sus recomendaciones parecen, además, escritas por funestos personajes de la política o por políticos que fungen de periodistas.

Como han recibido información tan parcializada, precisaré varios puntos de su informe:

1. Las cadenas nacionales tienen una finalidad informativa, revisten total legalidad y legitimidad, según lo establece la Ley de Radiodifusión y Televisión del Ecuador; criticar su uso no tiene asidero.

2. El Estado, además, tiene la OBLIGACIÓN de garantizar a todas las personas el derecho a recibir e intercambiar información veraz, verificada, oportuna, contextualizada y plural acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, de acuerdo a lo ordenado por el artículo 18 numeral 1 de la Constitución de la República. Por lo tanto, ante la campaña de desinformación de algunos medios privados, cumplimos con la responsabilidad de informar a la ciudadanía la verdad de varios hechos coyunturales. Si pecásemos del mismo vicio de ciertos medios, es decir, desinformar o calumniar, dichos medios hubiesen estado en libertad de exigir reparaciones, lo cual no han hecho.

3. El Primer Mandatario entabló acciones penales en contra del Diario El Universo, Carlos Pérez Barriga, César Pérez Barriga, Nicolás Pérez Lapentti y Emilio Palacio por el delito de injuria calumniosa, no por difamación, como el Comité de Protección de Periodistas afirma. Este proceso se abrió porque el pasado 6 de febrero, Palacio publicó un artículo de opinión titulado ‘No a las mentiras’, en el cual, sin ninguna prueba, se hace la siguiente aseveración: “El Dictador debería recordar, por último, y esto es muy importante, que con el indulto, en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. Ésta no es una opinión, es una calumnia, desde el costado que se la mire.

4. Intentar decir que los casos de periodistas denunciados por autoridades locales y otros ciudadanos, se degeneran por un contagio del proceso que entabló el Primer Mandatario, es un absurdo. Cada quien actúa de forma individual; además, el Gobierno nunca ha incidido en proceso alguno, por fuera del proceso contra El Universo, una falta comprobada y ratificada en primera instancia, por la Ley. Lo que sí puede haber sucedido es que se generó un “cambio de referencia” que ha recuperado para la ciudadanía el Estado de Derecho y la llama a exigir reparaciones.

5. La CPJ revive un tema que se aclaró en su momento: el caso de Irma Parra, en Riobamba. El 14 de abril, los medios de comunicación difundieron una noticia en la que el Presidente Rafael Correa supuestamente ordenó la detención de la ciudadana Irma Parra por manifestar su rechazo a la Consulta Popular que se llevaría a cabo. Ninguno de estos medios contrastó la información, pese a que había elementos suficientes para verificar la versión de Parra.

6. El Gobierno ecuatoriano no silencia ni evita la crítica emitida en el contexto del respeto y el legítimo debate de ideas. Es más, la promueve. Su política de Comunicación impulsa la inclusión, la democratización y el libre acceso a la información. El Gobierno siempre ha tratado los criterios ciudadanos con un marco del respeto. Su gestión se ha orientado a la amplia participación de la ciudadanía a fin de que se integre a la toma de decisiones y a la vida política del país.

7. Participar y expresar opiniones, no significa agredir o expresar con violencia las ideas, como se comprobó que hizo la señora Irma Parra, a quien mencionan en su informe, sin ninguna investigación exhaustiva de los hechos.

8. Ya que en dicho informe la CPJ también hace un barrido de hechos en los que, supuestamente, se demuestra un acoso del Gobierno contra los medios, desempolvó la suspensión de Teleamazonas a cargo de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Pero como no recogieron la información correctamente, es necesario recalcar que el Presidente de la República, Rafael Correa no ordenó en momento alguno que se cierre Teleamazonas. La resolución sobre la suspensión de dicho canal fue emitida por un organismo autónomo y en base al Derecho, por haber difundido noticias falsas sobre la existencia de un centro de cómputo clandestino durante las elecciones, y luego sobre la suspensión de la pesca en la Isla Puná. El debate no se centra en si se clausuró o no Teleamazonas, sino si se cumplió o no la Ley y si el canal cometió o no una infracción, hecho que fue ratificado por la Superintendencia de Telecomunicaciones.

9. En el informe, el Comité de Protección de Periodistas hace aseveraciones sobre el “uso de leyes de difamación para silenciar a los críticos, campañas de desprestigio para desacreditarlos y medidas aprobadas en la Consulta Popular”. ¿Qué leyes de difamación? Sería responsable y profesional que el CPJ responda con precisión a qué leyes se refiere, ya que en el Ecuador no existen tales leyes.

10. Por basarse en opiniones de políticos devenidos en periodistas, que pretenden ejercer periodismo de opinión, el informe carece de argumentos sólidos y cae en un discurso repetitivo que ya ha sido desvirtuado con argumentos concretos.

11. En todo el informe hay dos citas de mis declaraciones como Secretario Nacional de Comunicación, frente a decenas de críticas en contra nuestra. Se supone que como defensores de los periodistas, deberían también abogar por un periodismo responsable, equilibrado y que no milite en la oposición irracional, como han demostrado diariamente varios medios de comunicación parcializados.

12. Se menciona que se ha entablado juicios contra periodistas independientes. Nada más falso que eso. No se siguió el juicio a Emilio Palacio y a los directivos de El Universo por opinar, sino por calumniar injuriosamente a un ciudadano. Pese a que se autocalifican como independientes, el tratamiento informativo denota una parcialización en contra del Gobierno del Ecuador.

13. La rectificación que planteó el Diario El Universo sobre el artículo publicado el 6 de febrero del 2011, por el cual el Presidente Rafael Correa inició una querella por injurias calumniosas contra El Universo, su ex editor de opinión, Emilio Palacio y sus directivos, la familia Pérez, contraviene el concepto de lo que es una verdadera rectificación. Antes del juicio, el Mandatario solicitó por innumerables ocasiones que dicho medio de comunicación rectifique, pero no lo hizo y por el contrario, ofreció un espacio equivalente a decir: “Señor Presidente, usted mismo escriba su propia rectificación, nosotros no podemos rectificar lo que no hemos escrito”. Es decir, ofrecieron un espacio para réplica, nunca para una rectificación que naciera de la voluntad de reconocer que se mintió, se calumnió y se difamó.

Atentamente,

 

Fernando Alvarado Espinel

Carta a Walter Spurrier: ¿Quién ordenó disparar?

Llama la atención que luego de que un proceso judicial determinara la responsabilidad penal de Emilio Palacio en el delito de injurias calumniosas por su artículo de opinión titulado ‘No a las Mentiras’, usted insista en decir que Emilio Palacio cuestiona la interpretación presidencial de los hechos del 30 de septiembre del 2010. Con relación a su artículo escrito en Diario El Universo el pasado 31 de julio bajo el título ‘¿Quién ordenó disparar?’, me permito aclararle que Palacio no hizo ninguna advertencia, se ha demostrado hasta la saciedad que el ex editor de opinión injurió a Rafael Correa, como ciudadano, lesionando su honor y dignidad, no solo personal, sino pública.

En el artículo de su columna dominical usted relata los hechos de forma aislada, minimizando en apariencia, eventos que demostraron que el pasado 30 de septiembre se intentó acabar con la vida del Presidente de todos los ecuatorianos. La cronología de su editorial es inexacta y pretende insistir en una teoría defendida por Palacio, por cierto, sin ninguna prueba ni sustento. Los editoriales construyen opinión pública, por lo tanto, lo que se relata siempre debe ser validado.

Por ello me permito hacer las siguientes precisiones con relación a las inquietudes planteadas por usted en su artículo:

1. El 30 de septiembre de 2010, al enterarse de una sublevación de policías, el Presidente Rafael Correa fue personalmente a dialogar con las tropas para explicarles que estaban siendo mal informadas. Sin embargo, un grupo de policías, posiblemente vinculados a golpistas, respondieron con insultos, proclamaron loas a un político de oposición y amenazaron de muerte al Presidente. Llegada la tarde, la gran mayoría de policías del resto del país supo que había sido engañada por un minúsculo grupo y, poco a poco, retomó sus funciones de dar protección a los ciudadanos, quienes habían quedado indefensos por culpa de unos pocos irresponsables y antipatriotas amotinados.

2. Emilio Palacio en su artículo ‘No a las Mentiras’ (el cual motivó el juicio) acusó al Presidente de “haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente”, imputándole “crímenes de lesa humanidad”. Palacio nunca ha presentado pruebas para realizar tan graves acusaciones. Tampoco aceptó retractarse inmediatamente como lo habría hecho un periodista responsable.

3. Por los primeros informes de inteligencia se constató que había policías detractores camuflados, listos para arremeter contra el Jefe de Estado. De esto, incluso, se recabó grabaciones en las que se escuchaba claramente las intenciones de acabar con la vida del Primer Mandatario. Esto lo puede comprobar revisando la página 3 del Informe de las Fuerzas Armadas, que le adjunto para que lo estudie con detenimiento y no se quede únicamente con una versión de los hechos.

4. La “calle de honor” de la cual usted habla en su artículo, no fue más que una emboscada, como demuestra el Informe de las FF.AA., textualmente: “En el instante de llegar a la salida que conduce al parqueadero, personal del GOE piden salir primero, manifestando presuntamente su comandante indicando a viva voz que existía gran personal de la policía ubicados en el sector de la Avenida Occidental y que estaban esperando la salida del personal militar para emboscarlos”. Cuando el Presidente es trasladado al vehículo “se produjeron varios disparos” que provocaron “repliegue y confusión en el personal policial…” (p. 5 del Informe de las FF.AA.).

5. Es verdad, como usted afirma, que el Presidente se comunicó desde el Hospital, pero la violencia desplegada por los miembros de la Policía Nacional, dista mucho de una simple rebelión, estuve ahí a diferencia suya y del señor Palacio.

6. Sobre su inquietud, ¿Quién dispuso disparar?, le sugiero leer de forma objetiva el Informe adjunto, a fin de que pueda esclarecer dudas acerca de hechos que están bastante claros.

Esperando que sus inquietudes hayan sido absueltas, suscribo.

Atentamente,

Fernando Alvarado Espinel

Carta al Nuevo Herald de Miami

Con respecto a la nota de Gina Montaner de título ‘Correa contra El Universo’, publicada el 25 de julio del 2011, es necesario hacer las siguientes aclaraciones y precisiones:

1. La razón por la cual no se evidencian protestas multitudinarias a favor de Emilio Palacio y los directivos del diario El Universo es clara: la ciudadanía está consciente de que la libertad de los periodistas para expresarse en los medios de comunicación termina donde empieza el derecho de los demás a no ser engañados ni injuriados. Los ciudadanos saben que no se puede defender lo indefendible, conocen claramente que Emilio Palacio injurió y que, desde hace tiempo, venía haciendo uso de su libertad de expresión, sin responsabilidad. Esa es la razón por la cual las únicas manifestaciones a su favor fueron las protagonizadas por los empleados del diario guayaquileño, respaldadas por periodistas amigos de otros medios privados e, incluso, por políticos de oposición. Por otro lado, hubo también ciudadanos organizados por voluntad propia quienes, en Guayaquil y Quito, manifestaron masivamente el respaldo a la decisión judicial que busca garantizar el derecho al honor y a la dignidad de cualquier persona que haya sido ofendida o vejada mediante información falsa, como, en este caso, lo hizo Emilio Palacio en su artículo ‘No a las Mentiras’.

2. La sentencia del juez Juan Paredes deja como precedente la obligatoriedad de respetar a los demás y de ejercer la libertad de expresión con responsabilidad. Sería correcto que la columnista Gina Montaner precise si tiene evidencias de que el juez obedeció órdenes de “más arriba”, como lo señala en su artículo. Esa acusación es muy grave y merece ser investigada. En caso de que sus afirmaciones no se apeguen a la verdad, solicitamos al Nuevo Herald que analice la actitud de su columnista, quien podría estar haciendo acusaciones infundadas.

3. El 30 de septiembre de 2010, al enterarse de una sublevación de policías que no estaban “sindicados”, como equivocadamente afirma la columnista Gina Montaner, el Presidente Rafael Correa fue personalmente a dialogar con ellos para explicarles que estaban siendo mal informados. Sin embargo, un grupo de policías, posiblemente vinculados a golpistas, respondieron con insultos, proclamaron loas a un político de oposición, y amenazaron de muerte al Presidente. Para la tarde, la gran mayoría de policías del resto del país supo que habían sido engañados por un minúsculo grupo y, poco a poco, retomaron sus funciones de dar protección a los ciudadanos, quienes había quedado indefensos por culpa de unos pocos irresponsables y antipatriotas amotinados.

4. Emilio Palacio en su artículo ‘No a las Mentiras’ (el cual motivó al juicio), no escribió que “había indicios”, como interpreta la señora Montaner. Al contrario, acusó al Presidente de “haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente”, imputándole “crímenes de lesa humanidad”. Palacio nunca ha presentado pruebas para realizar tan graves acusaciones, y, según nuestra legislación, eso constituye incurrir en injurias calumniosas. Tampoco aceptó retractarse inmediatamente como lo habría hecho un periodista responsable.

5. El Presidente ha dicho, públicamente, que no permitirá el cierre del diario, tampoco se beneficiará del dinero que fijó el Juez. El total de la indemnización irá al proyecto Yasuní ITT, que tiene como meta dejar 856 barriles de petróleo bajo tierra a cambio de compensaciones económicas que se están solicitando a la comunidad internacional, a empresas y a personas preocupadas por el ambiente. El Primer Mandatario ha recalcado puntualmente: “La indemnización que finalmente se llegue a determinar: Será destinada íntegramente a la iniciativa ambiental Yasuní ITT, ni un solo centavo será para mi patrimonio personal… Todo para la Patria, nada para nosotros”.

6. Los resultados de la Consulta Popular del pasado 7 de mayo en el Ecuador, que fueron ampliamente aprobados por el pueblo ecuatoriano, apresuran algo que ya estaba contemplado en la Constitución: la creación de un Consejo que desarrolle la comunicación y regule los excesos que afectan los derechos. Lamentablemente, los medios de comunicación han sido incapaces de autoregularse y la gran mayoría de ecuatorianos ha decidido en dos ocasiones (en la aprobación de la nueva Constitución y en esta última Consulta Popular) ponerle un freno a los abusos.

7. El pueblo ecuatoriano ya ha tomado cartas en el asunto para evitar la impunidad de los que se han creído intocables. A partir de este precedente, lo que se espera es una actitud responsable y seria de quienes han pretendido manipular la opinión pública con base en el insulto y la mentira.

Esperando que estas precisiones sean tomadas en cuenta para futuros análisis, me suscribo.

Atentamente,

Fernando Alvarado Espinel

Carta abierta a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)

La insistencia con la que  la Sociedad Interamericana de Prensa  busca una reunión con el Presidente de la República, Rafael Correa, hasta cierto punto me desconcierta, no encuentro coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.

El pasado 10 de junio en un discurso transmitido en vivo por un canal de televisión nacional, como “invitado” a propósito de una celebración de la Cámara de Comercio de Guayaquil, el guatemalteco presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín,  entre otras cosas, calificó al gobierno de nuestro país, de mantener una actitud traidora, intolerante y autoritaria, con el único fin de “seguir disfrutando las mieles del poder”.

La insolencia y la desbocada  manera con la que el principal de esta organización de propietarios de periódicos  se ha referido a un gobierno constitucional,  no merece audiencia, primero debería presentar sus disculpas y respetos al país y a su primer representante.

La SIP al parecer está en campaña. La supuesta defensa de libertades, más se asemeja a una cruzada para mantener privilegios de un poder ilegítimo, poder alcanzado con información sesgada y excluyente que solamente sirve para perpetuar intereses de grupos económicos.

¿Cómo la SIP, que en reiteradas ocasiones ha señalado la supuesta existencia de amenazas a las libertades  en Ecuador, intenta por todos los frentes un diálogo con quien llama “dictador y acaparador de las mieles del poder absoluto”. Francamente no encuentro la sindéresis.

Ecuador es un país que vive a plenitud la democracia. Su Constitución y las leyes garantizan el goce de todos los derechos humanos, la recuperada soberanía de la Patria es ahora su insignia. La hospitalidad es la característica sobresaliente de nuestra gente. Por ello y en consecuencia con tal generosidad, no podemos admitir la mentira si alguien quiere entrar a nuestra casa.

Si la SIP busca un encuentro con el primer ciudadano de esta nación no puede ser incondicional,  esto ya les fue advertido, pues son ineludibles  los requisitos de respeto y  honestidad con el pueblo ecuatoriano.

Atentamente,

Fernando Alvarado Espinel

Carta a Marlon Puertas, Editor del Diario Hoy

Con relación a la entrevista con título ‘Soy amigo de Rafael Correa, pero eso no me condiciona‘ publicada en Diario Hoy el 3 de julio de 2011, me permito hacer las siguientes acotaciones:

La prensa escrita tiene una potencial particularidad de afectar la verdad, y es que a la hora de escribirla como noticia, el sesgo político con el que el escribano actúa, puede hacerla devenir en mentira que queda impresa de manera permanente.

Hago esta reflexión ya que su “inmediatez” para rectificar tarda no menos de 24 horas, en el mejor de los casos, y a veces las mentiras “rectificadas” no son leídas por la misma persona, dado que las aclaraciones las ubican lastimosamente, en un espacio diminuto en la esquina menos visible del periódico.

El incumplimiento de principios éticos y deontológicos es un ejercicio de estafa para lectores y anunciantes que pagan por información veraz, y que lamentablemente están dejando de encontrarla en sus hojas. Noticias que no son noticias sino un hilado de letras, tejidas para descalificar o inventar hechos que ofenden la dignidad de las personas, arrasando derechos fundamentales y defraudando preceptos constitucionales.

El día de ayer, su diario, en la página 10, en el contexto de una entrevista a Galo Chiriboga, afirma sin el mínimo escrúpulo, que el Presidente Correa va a vivir en La Viña y asevera “Entonces va a ser vecino del presidente Correa, por ese sector está construyendo su nueva casa, según informó” y continúa “Se va a mudar, el sábado pasado en su enlace, el presidente dijo que está construyendo su nueva casa..”.

¿De dónde obtienen semejante versión? El Presidente no está construyendo una nueva casa, peor en La Viña, esto es absolutamente falso. ¿Será acaso ésta una nota de farándula que inventa chismes para provocar escándalo? Así es como generan rumores que después quedan marcados en la honra y dignidad de las personas.

Afirmar como verdadero un hecho falso en preguntas a un tercero, dimensiona la mala intención del cronista, quien intenta sorprender al entrevistado para construir realidades sin fundamento.

Por ello esperamos una justa y proporcionada corrección de este grave error, sin perjuicio de ponerlo en los tribunales ciudadanos para que la gente juzgue la calidad de su propuesta informativa.

Atentamente,

Fernando Alvarado Espinel